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Creemos que la reciente publicación y puesta en marcha de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito estatal nos ha permitido tener un primer documento que intenta ofrecer los pasos necesarios para dotar de seguridad jurídica a todo este proceso de transformación digital. Nos encontramos en un momento decisivo a nivel de la Unión Europea en cuanto a la construcción de un modelo propio europeo en relación con el proceso de innovación tecnológica, un proceso que fundamentalmente la Unión Europea quiere que esté sustentado en el respeto efectivo de los derechos y de la garantías de los ciudadanos. La Unión Europea quiere ofrecer un modelo alternativo basado precisamente en la construcción de un sistema de identidad digital que permite al ciudadano ser el auténtico titular de sus datos y decidir con quién comparte información y de qué manera. Seguramente en los próximos meses van a oír mucho hablar de la identidad digital europea, porque se está en fase de elaboración de un nuevo reglamento que será de aplicación en toda la Unión Europea. Ya se está empezando a plantear la utilización de herramientas como los llamados iguales digitales en las carteras digitales, que van a permitir que cualquier persona, a través de su dispositivo móvil, del teléfono móvil, pueda hacer este tipo de planteamientos de gestión de su identidad de manera que solamente se revelen a cada prestador de servicios aquellos datos que sean estrictamente necesarios y que sean lo que el propio ciudadano decida compartir. Con esta Cátedra se ahonda en la línea de trabajo iniciada por la comunidad autónoma de fomentar el uso y el diseño de tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas y posicionar a la región en un lugar destacado en este ámbito la innovación y la tecnología tienen que favorecer que cada vez tengamos una sociedad más justa, más igualitaria y también más libre, y para eso es fundamental trabajar en mi identidad y en derechos digitales. La investigación, la formación y la divulgación que se pueda hacer. Esta cátedra facilitará la integración de los requerimientos y garantías jurídicas al proceso de transformación digital en el que estamos inmersos.